lunes, 5 de octubre de 2009

VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ABOGADOS CRISTIANOS

El 3 de octubre se llevó a cabo en el Colegio de Abogados de Morón el VI Congreso de la Asociación Argentina de Abogados Cristianos.
El evento comenzó alrededor de las 10 hs con la bienvenida del presidente de la institución, el Dr Enrique Vetere , presentando a continuación a la nueva comisión directiva elegida el 19 de setiembre próximo pasado.
Luego de un momento de alabanza y entrega del Congreso a Nuestro Señor, disertó la Dra. Daniela Andrea Vetere que expuso la problemática de los Derechos Humanos en materia de justicia penal juvenil, haciendo referencia al marco nacional e internacional. Fue acompañada en la mesa por dos jueces : el Dr Carlos Antonio Romano (juez de Familia de Morón) y el Dr Gerardo Lucio Frega (ex juez de Menores e integrante de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de la Matanza). La Doctora Vetere señaló la importancia de la responsabilidad del Estado en materia de protección de derechos humanos y su excelente exposición se vio enriquecida por la participación de los magistrados quienes ilustraron al auditorio con su visión práctica de estos temas.
Seguidamente los participantes se dividieron en grupos de trabajo, analizando distintas formas de encarar estas problemáticas en otros países. Cada grupo expuso las conclusiones a las que arribó en una puesta en común.
Luego del almuerzo, recibió a los participantes el Cuarteto Melodías de Paz que realizó varias interpretaciones con un destacado nivel.
Por la tarde la temática a desarrollar era la vinculada a la trata de personas y la expositora fue la Dra. Mariana Edith Rojas, experta en la materia quien dio un pormenorizado informe de este flagelo y los aspectos legales para combatirlo. Posteriormente se debatió acerca de un caso jurisprudencial de la provincia de La Pampa, sumándose nuevamente el juez Frega a la mesa para integrar el panel.
Tras las conclusiones, hizo uso de la palabra el Pastor Carlos Bauer quien exhortó a los concurrentes a ser la minoría profética llamada a cambiar la realidad de nuestro país.
Ha sido una jornada intensa, muy fructífera por el aporte de los distintos expositores y la participación entusiasta de los asistentes.
Dr Hugo Turrini

jueves, 1 de octubre de 2009

LEY DE MEDIOS


Durante el mes de Setiembre, el panorama político estuvo dominado sin duda alguna por el tratamiento de La Ley de Servicios Audiovisuales promovida por el gobierno y que cuenta ya con media Sanción en la Cámara de Diputados, aprobada sin no pocas polémicas y cuestionamientos. La lógica que persigue el oficialismo, es lograr aprobar la misma antes de la renovación parlamentaria del 10 de Diciembre lo que le representaría un escenario desfavorable para su sanción. En este sentido, el Gobierno Nacional, junto con su bloque parlamentario oficialista, pusieron en marcha todos los engranajes políticos e institucionales que se enmarcan dentro de una lógica de poder gobernante, es decir utilizar en la práctica los recursos del mismo.La oposición fustigó fuertemente las formas del oficialismo, algunos legisladores tildaron el tratamiento de la ley como desprolija, ilegítima, viciada de nulidad e inconstitucional, adelantando que de sancionarse finalmente en senadores, pedirán su revisión a la justicia.

En caso que la ley sea aprobada en ambas cámaras, y ante la amenaza de revisar por parte de la oposición la nueva ley cuando el Congreso cambie de color político, es claro que la intervención presidencial sería un recurso clave que complicaría dicha presunción y ayudaría a mantener la ley en vigencia. Por todos lados se observa que este tema es uno altamente sensible, por la magnitud de los intereses que están en juego. Desde hace tiempo, las teorías políticas abordan la temática del poder que el fenómeno global le ha otorgado a grupos económicos y financieros internacionales que se constituyen a través de monopolios y oligopolios con capacidad de imponer agenda y promover y/o mantener legislaciones favorables a sus intereses. Es mas, un análisis político institucional que no contemple este factor decisivo en las decisiones gubernamentales pecaría ya sea de una ingenuidad inaceptable, ya sea de una intencionalidad declarada de ocultar ante la opinión pública los entramados del poder real. Solo un actor con un peso político e institucional de envergadura podía encarar la reforma de una ley de medios audiovisuales en un ambiente de conflictividad como el que percibimos en estos días, y ante el embate de los medios masivos que moldean a la opinión pública.La lógica del Gobierno. La lógica del gobierno es precisamente, la de gobernar, e imponer dentro de los canales institucionales los proyectos de ley aprovechando la mayoría parlamentaria que le garantizan sus legisladores y aliados políticos ocasionales. La lógica peronista es que, el poder se ejerce. No podemos olvidar que, la renovación parlamentaria se da cada dos años, precisamente como una estrategia institucional para morigerar las pasiones del pueblo, por lo que el Congreso actual mantiene la legalidad suficiente para trabajar dentro de la legitimidad política. Aunque la derrota electoral en elecciones adelantadas, otorga una ventaja simbólica que busca aprovechar la oposición que sin embargo no logra el efecto deseado al no poder articularse prolijamente.

La lógica de los aliados ocasionales. La lógica de los aliados del oficialismo que prestaron su voto favorable a la media sanción en diputados fue simple. Más allá de que hubo artículos en que casi unánimemente se pidió su modificación, expresaron con matices que “es preferible que la ley salga como está” ya que no hay garantías de que el Congreso entrante realice el tratamiento de la Ley de Medios. En este sentido, se pronunciaron Claudio Lozano, de Proyecto Sur, Eduardo Macaluse del bloque SI y gran parte de los socialistas. Pino Solanas, líder de Proyecto Sur, fue uno de los que pugnó por la ley, aún yendo personalmente al Congreso para convalidar su intención. No obstante, tanto Solanas como los que acompañaron el proyecto oficial, manifestaron no dar una carta en blanco al gobierno, sino su preferencia que la ley se vote aún con errores, pero que debe ser revisada y mejorada a posteriori.La lógica de la oposición. La oposición ha invocado desde las elecciones de Junio, (lo mismo que los sectores del campo) que la derrota electoral por parte del oficialismo resta “legitimidad” a la actuación del bloque oficialista, porque no representa la “voz de las urnas”. Supuestamente, el oficialismo debería abrir los canales de diálogo y buscar que las leyes tengan un alto grado de consenso político. En nuestro informe anterior nos hemos referido a esta percepción que invade a la sociedad. La renovación de las bancas del Parlamento, se realiza por mitad cada dos años, precisamente como un instrumento institucional para morigerar las pasiones populares y atenuar las transiciones políticas.

Este es un debate politológico clásico de envergadura entre “legalidad” y “legitimidad”, con argumentos y fundamentos para ambas posiciones. Sabido era que, el adelantamiento de las elecciones por parte del Ejecutivo y su posterior derrota, iban a dejar en la sociedad una “percepción” de ilegitimidad, que en términos políticos la oposición busca aprovechar. Dicha ilegitimidad no es tal si se aborda el fenómeno desde una mirada puramente institucional. El Congreso mantiene la legitimidad suficiente, lo mismo que sucederá cuando se produzca la renovación parlamentaria el 10 de Diciembre próximo. No obstante existe para el oficialismo y sus aliados ocasionales, (socialistas y espacios mayormente de la centro izquierda) la sospecha de que el Parlamento entrante “cajoneará” la ley, y no será tratada, en vista a los intereses sensibles en la regulación de los medios, lo que hicieron imposible una reforma integral en 25 años de gobiernos democráticos. Sería una ingenuidad que la oposición esperara que, los legisladores oficialistas se sienten de brazos cruzados a esperar por la supuesta “legitimidad” del nuevo Parlamento. Lo que toda fuerza política que se precie de tal haría, sería buscar la maximización de su factor de poder, teniendo en cuenta la perdida de mayoría en Diciembre de 2009. Este es un dato objetivo más allá de valoraciones e implicancias éticas.

Conclusión. El gobierno nacional dispuso a cambiar la ley de medios sancionada en tiempos de la dictadura con el fin de desmonopolizar el mercado altamente concentrado en claros grupos económicos constituidos como factores de poder real. Busca a través de esta ley, el acceso a los medios de comunicación a diversos actores del espectro socio cultural. El primer round de esta batalla, no inocente por cierto, fue trasladar la transmisión de los partidos de fútbol de la órbita privada a la órbita pública. Los críticos de la ley argumentan que la nueva ley desmonopoliza para un lado (sector privado) para monopolizar para otro (sector público), a través de un organismo de control fuertemente dependiente del ejecutivo y con pautas poco claras. El mérito del gobierno fue poner en agenda y en debate legislativo una cuestión que diversos gobiernos democráticos no han podido, ya sea por intencionalidad manifiesta, presión de los grupos o falta de poder y/o voluntad política. Es claro que esta ley era una deuda de la democracia.Las objeciones de la oposición en algunos puntos, manifiestan también coherencia en la preocupación de que dicha ley promueva efectivamente el control político por parte del gobierno de turno de los medios y con ello sea coartada la libertad de expresión. Esta preocupación también es manifestada por organizaciones de prensa.

Un dato positivo a resaltar es que desde el debate por la 125, y mas allá de posicionamientos valorativos políticos personales a los que adhiramos, el Congreso Nacional se ha transformado en el ámbito de debate y discusión que se espera de Él como actor político de relevancia y decisión dentro de un régimen democrático con división de poderes, re-legitimando su labor de cara a la opinión pública. No podemos olvidar que el mismo Congreso que dio media sanción a la Ley de Medios, es el que a través de las vías institucionales, dio por tierra con el proyecto del Ejecutivo de la 125.

ANÍBAL VILLORDO
CCRP (CENTRO CRISTIANO DE REFLEXIÓN POLÍTICA)